BLOG de la Agrupación de Vecinos de Vicente López

3 septiembre, 2016

respuesta la nota de la Defensoría respecto al atropello inmobiliario

Filed under: Otras Entidades — by AVVL Agrupación de Vecinos de Vicente López @ 5:49 pm

Dra. Celeste Vouilloud –  Defensora del Pueblo de Vicente López:

Nos dirigirnos a Ud. en relación a la respuesta con fecha 4 de julio de 2016 a nuestro informe Atropello inmobiliario del 29 de junio del mismo año, que diera inicio al Expediente DP 45448. Consideramos que se ha relativizado un reclamo vecinal vinculado con el derecho a una ciudad más sostenible, atendiendo lo que indica la ley 8912/77 (Título I, Capítulo único, artículo 2, inciso f): Posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el proceso de
ordenamiento territorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de la formulación
propuesta, como de su realización, se procure satisfacer sus intereses, aspiraciones y
necesidades.
Con respecto a la cita del Arquitecto Vicente Speranza:

Deseamos destacar que se ha sacado de contexto los dichos de un arquitecto ambientalista que durante su vida se esmeró en amigar la arquitectura y el urbanismo con el medio ambiente. Cabe recordar que el arquitecto Vicente Speranza fue profesor universitario, autor de obras como Entender para atender y miembro de la AVVL (Agrupación de Vecinos de Vicente López) durante muchos años, y hasta su fallecimiento también de la Asociación civil PRO-Vicente López. Ambas agrupaciones figuran entre las firmantes del documento
Atropello inmobiliario. Por esta circunstancia conocemos desde cerca su pensamiento y su actuar y, en consecuencia, nos animamos a aseverar que la frase del Arq. Speranza que Ud. cita (“la zona norte está condenada a duplicar sus habitantes”) no significa que se trate de un hecho que habría que aceptar como inevitable sino, por el contrario, que esa tendencia debería preocuparnos. Creemos que ese es el verdadero significado de dichas palabras pues, en otros escritos, así se refirió el Arq. Speranza al respecto: “El escenario más absurdo del disloque se
manifiesta en las megalópolis contemporáneas, que dejaron de ser ciudades –cuna de
cultura, civismo y civilización– pasando a conformar conglomerados fuera de escala,
contaminantes, disfuncionales, antieconómicos, inseguros, derrochadores energéticos,
incompatibles con valores ecológicos, sociales y éticos. En Latinoamérica, son exponentes de
degradación: Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires con 14 millones de habitantes.” En otro texto el Arq. Speranza señala que: “(…) superando inactuales legados culturales de
homocentrismo, reduccionismo y elitismo y asumiendo nuevos posicionamientos inherentes a
la eco-Arquitectura los arquitectos pasaremos: de la actuación restringida a demandas del
mercado, a la actuación extendida al mejoramiento del hábitat; de la compartimentación del
proceso edilicio, al tratamiento de la evolución edilicia.” A continuación de la cita del Arq. Speranza, la respuesta de la Defensoría agrega: “situación
que inevitablemente está sucediendo”. Sin embargo, las estadísticas demuestran lo contrario. Mientras en toda Argentina la población creció entre 2001 y 2010 un 10,6 % (36.260.130 / 40.117.096), en el mismo período en la CABA la población creció sólo un 4.1% (2.776.138 / 2.890.151) y en Vicente López no sólo no se duplicó, sino que tuvo un decrecimiento un 1,7 % (274.082 / 269.420). Actualmente el 30% de las nuevas edificaciones en el partido tiene capacidad ociosa y, según el último censo, el 17.9% de sus viviendas están deshabitadas. Aún si se tomara la cantidad de electores del padrón (parámetro que indica quienes se encuentran

 

habilitados para votar en el Partido, NO quienes residen en él, y aclarando que en el último se incluyen ciudadanos a partir de los 16 años) el crecimiento después del último censo es de 2.2% (239.060 en 2011 y 244.377 en 2015). A su vez, no se puede duplicar la población sin incumplir con la Ley 8912: según el Título III, Cap. II, Art. 36 la densidad máxima del partido es de 150 Hab/ha.; según el Titulo II, Cap. III, Art. 13 con la actual cantidad de habitantes tenemos un déficit de espacio verde público de 252.1 ha, y calculando el máximo de la población nos faltarían, por ley, 489 ha. Antes de ampliar la población deberíamos tener preestablecidos los espacios verdes públicos mínimos necesarios según la OMS y la Ley 8912. Por otra parte, si existiese la situación que inevitablemente afectaría el bienestar de los ciudadanos y su medio ambiente, es deber del Estado, sus gobernantes y funcionarios luchar para resolver dichas problemáticas.
La Defensoría en cuanto a su función como garante de la legislación vigente

Se señala que el rol de Defensora del Pueblo “exige velar por el estricto cumplimiento de la
legislación vigente”. A continuación, la Defensoría cita el Decreto Ley Nº 8912/77 (Título IV, cap. II, art. 73) referido a los organismos intervinientes. Nosotros no desconocemos cuáles son esos organismos, ni que los mismos deben hacerlo cumpliendo otras leyes. La ley mencionada también posee otros artículos como el 2 y el 60, entre otros –que hemos citado junto a otras leyes en el documento entregado– que deberían tenerse en cuenta “para poder velar por su cumplimiento”. Es más, sería de esperar alguna acción contundente y eficaz por parte de la Defensoría para forzar judicialmente a que el Municipio cumpla con la creación de un Plan Urbano Ambiental realizado por concurso público y consensuado con los vecinos. Entre los planes ausentes en Vicente López, se destaca la inexistencia de esa herramienta estratégica que sirva para proyectar la ciudad que deseamos para dentro de 30 años. Una ordenanza creó la Oficina para aquel fin, pero nunca funcionó porque no se destinaron partidas para su funcionamiento ni se estableció mecanismo alguno para designar a los profesionales por concurso. Tampoco se encuentra hoy en funcionamiento el CONASPE que –más allá de los cuestionamientos que se le puedan hacer– sería un ámbito de consulta a los colegios profesionales, con la participación de todos los bloques políticos y con sesiones abiertas a la presencia y opinión de entidades vecinales.
Con respecto al crecimiento de la mano de la especulación inmobiliaria:

En la nota de la Defensoría se señala: “El crecimiento poblacional de las ciudades modernas
está vinculado al desarrollo de las mismas. Tal es así que las ciudades crecen siguiendo las
reglas del mercado y especulación inmobiliaria, situación que obliga a los estados a
contemplar estas condiciones socioeconómicas debiendo adecuar sus Códigos de
Ordenamiento Urbano a esta realidad”. En relación a este crecimiento, en primer lugar se debería diferenciar el concepto de crecimiento del de desarrollo. Recordemos que incluso en economía el crecimiento de un país no implica necesariamente su desarrollo. Se entiende por desarrollo de una ciudad el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes tanto físicamente, en su edificación, como en lo socio ambiental. No se conocen casos en Vicente López en los que el mercado inmobiliario haya elaborado proyectos para las clases más necesitadas de vivienda. Creemos que se está cometiendo, cuanto menos, un acto de negligencia respecto de la responsabilidad de la función de la Defensoría al subordinar la planificación urbana a la concepción de que “las ciudades crecen siguiendo las reglas del mercado y especulación
inmobiliaria”, ya que tratándose de un actor político tan importante debería velar para que la ciudad y la comunidad podamos desarrollarnos de forma equilibrada y equitativa, privilegiando los intereses comunes por sobre los corporativos, y promoviendo la sustentabilidad socio-ambiental por sobre los emprendimientos económicos. Los emprendedores lógicamente quieren obtener ganancias, pero corresponde a los gobiernos ser garante de la calidad de vida de los vecinos, evitando que la ambición de aquellos atente contra la misma. Entendemos que se está considerando el término “especulación” con un significado diferente del negativo que todos conocemos pues si no, no se entendería su empleo por parte de la Defensoría. Recordemos que la ley 8912/77 (Tít. I, Cap. único, art. 2, inc. e) citada prevé: “La
implantación de los mecanismos legales, administrativos y económico-financieros que doten
al gobierno municipal de los medios que posibiliten la eliminación de los excesos
especulativos, a fin de asegurar que el proceso de ordenamiento y renovación urbana se lleve
a cabo salvaguardando los intereses generales de la comunidad.” Se asevera que los Estados están obligados a contemplar esas condiciones socioeconómicas (crecimiento de ciudades siguiendo reglas del mercado y especulación inmobiliaria) y adecuar sus COU a esa realidad. A pesar de estos dichos nosotros creemos que una ciudad debe ser planificada sobre la base de la voluntad de sus habitantes, a través de un Plan Urbano Ambiental que perdure en el tiempo, del cual se desprende el COU que debe ser respetado en todos sus puntos, ya que representa la voluntad de los habitantes y preserva su calidad de vida. Caso contrario, dejar el desarrollo en manos de la “especulación inmobiliaria”, reafirma la declaración del Arquitecto Speranza señalada anteriormente : “El escenario más absurdo
del disloque se manifiesta en las megalópolis contemporáneas, que dejaron de ser ciudades –
cuna de cultura, civismo y civilización– pasando a conformar conglomerados fuera de escala,
contaminantes, disfuncionales, antieconómicos, inseguros, derrochadores energéticos,
incompatibles con valores ecológicos, sociales y éticos…”. En el partido viven y trabajan calificados arquitectos y urbanistas que no pertenecen a grupos corporativos y no conocemos que se los haya consultado, ni desde el municipio ni desde la Defensoría. Es un capital humano calificado que está siendo ignorado.
Acerca del Concejo Deliberante como un organismo incuestionable:

Según la Constitución Nacional, “todos somos iguales ante la ley”. La excepción es una desigualdad manifiesta ante la ley, que beneficia a grupos económicos en detrimento del vecino y esto es fundamental en el tema que tratamos. Las excepciones, tal como lo indica la palabra, deben existir sólo en casos particulares, de pequeña proporción y con la participación vecinal, y no transformarse en algo habitual para satisfacer intereses especulativos.

Sabemos cuáles son las funciones de las autoridades y por eso esperamos otra manera de actuar del Concejo Deliberante y también del Departamento Ejecutivo, especialmente sabiendo que el actual Intendente ha dicho en campaña que no habría más excepciones porque éstas son corruptas e injustas, entre otras promesas electorales como que desde 2012 se implementaría un plan de vivienda joven en la zona oeste –no se ha hecho un solo proyecto–, o que la misión del gobierno sería mantener la idiosincrasia del barrio y el hábitat correspondiente (que lejos se está de cumplirla). Parece considerarse desde la Defensoría que se debe aceptar cualquier decisión del Concejo Deliberante, sea ella a favor o en contra del bien común, sin posibilidad de reclamo alguno.
Considerando el rol social de la Defensoría del Pueblo:

A quienes sostenemos la importancia de este organismo en la protección de los derechos humanos, nos importa mucho su opinión y pensamiento porque pueden ser el punto de partida de su acción. Una de las funciones de la Defensoría del Pueblo es formular recomendaciones o sugerencias. A pesar de que ellas no sean vinculantes, sus palabras no pueden resultar indiferentes y, aunque no fueran respetadas por quienes cometen atropellos, pueden sentar antecedentes y producir cambios culturales paulatinos. Compartimos su deseo de una sociedad más participativa y activa en su acción diaria. Pero percibimos una manifiesta contradicción en los hechos: pues por un lado hay un reclamo de más participación, pero por el otro se subestiman las acciones de las organizaciones vecinales que justamente dieron origen a su respuesta. Además, aunque pudiéramos afirmar que la participación sigue siendo menor a la esperable, a pesar de ello la mayoría de los vecinos de Vicente López destina parte de sus ingresos al sostenimiento de entes gubernamentales para que estos trabajen en la defensa del desarrollo, entendido como el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad y la preservación del bien común. No coincidimos en la definición del Defensor del Pueblo como “un comisionado de la
legislatura local (Concejo Deliberante)“, cuando justamente la Ordenanza 11591/98 en su artículo 1° establece que “el Defensor del pueblo es un órgano unipersonal e independiente,
con autonomía funcional administrativa, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad”; el art. 14° (inc. 4) determina a su vez que “la actuación del DP no estará sujeta a formalidad
alguna, procederá de oficio o por denuncia del o de los presentantes”, el art. 15° (inc. e) señala que es función del DP “poner en conocimiento de la Comisión de Enlace, el Ministerio
Público y otros organismos del Estado, en su caso, los hechos y las denuncias que dieren
lugar al impulso de la acción pública”, y por último el art. 16° (inc. g) le atribuye
“legitimación procesal para actuar en defensa de los derechos o intereses referidos en el
artículo 1°”. Sus mismas palabras señalan que su misión es la defensa, protección y promoción de los derechos colectivos  -consagrados por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial-de los habitantes de Vicente López frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal. La Defensoría no puede desligarse de responsabilidades en ello, poniendo el acento en que debe “velar por el estricto cumplimiento de la legislación vigente.” De sus dichos parece entenderse que Ud. vela por leyes que protegen intereses económicos espurios y, en relación al tema en cuestión, no tiene en cuenta las que protegen a los ciudadanos. Nosotros tenemos en cuenta todos los mecanismos democráticos y particularmente, en este caso, las leyes que protegen el bien común, y nos enorgullecemos de ello. Muchas veces ciertas leyes van en contra de una vida digna para los ciudadanos. Es necesario ir más allá de lo permitido o no por la legislación. Las palabras del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si citada en nuestro documento, advierten:
“Hoy advertimos, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han
hecho insalubres para vivir, …, hay barrios que están congestionados y desordenados, sin
espacios verdes suficientes…. No basta la búsqueda de la belleza en el diseño, porque más
valioso todavía es el servicio a otra belleza: la calidad de vida de las personas, su adaptación
al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua. Hay que dejar de pensar en «intervenciones»
sobre el ambiente para dar lugar a políticas pensadas y discutidas por todas las partes
interesadas. La participación requiere que todos sean adecuadamente informados de los
diversos aspectos y de los diferentes riesgos y posibilidades, y no se reduce a la decisión
inicial sobre un proyecto, sino que implica también acciones de seguimiento o monitorización
constante. Hace falta sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas, sin
reducirse a considerar qué está permitido o no por la legislación.” Los ciudadanos comprometidos en la participación en la vida pública -a Ud. le consta que como tales hacemos ingentes esfuerzos para lograr información por parte del Departamento Ejecutivo y también numerosas presentaciones ante Ud. para que requiera del mismo esa información-estamos, evidentemente, en clara desventaja ante el chicaneo municipal-que Ud también sufre– y por ello consideramos que la Defensoría debe intervenir ya que es “órgano controlante del ejecutivo municipal y otras dependencias” (art. 1°), y no limitar su intervención.
En cuanto a considerar las excepciones como metodología de planificación urbana:

Avizoramos claramente que no se ha comprendido el contenido más profundo de nuestro documento, el cual advierte sobre el atropello inmobiliario que se apoya sobre el abuso de excepciones para satisfacer a arquitectos inescrupulosos o emprendedores inmobiliarios en complicidad con el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo. Desde la Defensoría se nos solicita buscar obras que no hayan sido realizadas gracias a excepciones, cuando es justamente esto lo que denunciamos: las excepciones como método de planificación urbana. Igualmente, no es necesaria nuestra investigación ya que la Defensoría misma puede remitirse a los numerosos pedidos de excepción por subsistencia (lo que indica que son obras ya construidas vulnerando la reglamentación) que últimamente se están aprobando en el Concejo Deliberante-con la complacencia de los emprendedores inmobiliarios por falta de control o interés en las mismas.

La Defensoría del Pueblo de Vicente López-como bien lo manifestó el Dr. Constenla en la celebración de los 15 años de su creación–es la única nacida desde el movimiento vecinal, y a Ud le consta la tarea desarrollada para lograr su concreción. Esa construcción de abajo hacia arriba creemos debe ser el sello que hasta la diferencie de las que nacieron solo desde el poder. Por ello bregamos para que su función sea exitosa y gran parte de ello seguramente se logrará si se acciona decididamente ante el poder político corrupto en defensa de los vecinos, aun rompiendo ciertas “formalidades” que el mismo impone desde su lugar de mayoría automática y que nosotros no aceptamos.

Como conclusión deseamos dejar en claro que la contestación recibida nos ha causado sorpresa y desazón, y que nuestras esperanzas de que esa Defensoría del Pueblo defienda a los vecinos de este tipo de atropellos han sido defraudadas. Como la esperanza es lo último que se pierde y somos constantes y consecuentes con nuestros principios, esperamos que revea su posición, y sugerimos amplíe su equipo de consulta con profesionales independientes y capacitados, que analicen profundamente el daño que se está ocasionando a la comunidad. Pensamos que en nuestras entidades existen los suficientes conocimientos sobre el tema y estamos a su disposición para colaborar cuando Ud. lo considere necesario. Creemos oportuno informar a Ud. que su respuesta a nuestro documento y el texto de la presente serán de difusión pública.

La saludamos atentamente.

 

 

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